El Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, aprobó el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y fue la primera normativa que mencionaba la gestión de los residuos, considerándola una actividad molesta, insalubre y nociva, pero no peligrosa. En poco tiempo, esta catalogación ha cambiado drásticamente y, con la entrada en vigor de la Ley de residuos de 1998, la actividad de gestión de los residuos es concebida como una actividad peligrosa, debido, entre otras causas, a la emisión líquida y gaseosa generada en las fases de gestión de los residuos, desde la recogida hasta su disposición final. Esta transición normativa hace entrever que el conocimiento sobre la gestión de los residuos y su relación con la salud y el medio ambiente va normativizándose conforme se van conociendo y operando las diferentes fases pertenecientes a la gestión de los residuos. El real decreto de vertederos 646/2020 pretende incorporar la experiencia adquirida en materia de depósito en vertedero en las dos últimas décadas, tendentes a asegurar las operaciones de vertido de los residuos e incorporar instrumentos que acerquen la gestión de los vertederos a los objetivos marcados en Europa sobre economía circular. A partir del año 2001, con la entrada en vigor del R.D. 1481/2001, sobre vertido de residuos sólidos, es cuando se empiezan a considerar condiciones mínimas y optimas técnicamente para la protección y contención de las emisiones peligrosas generadas por estos espacios de gestión. A pesar de la entrada en vigor de este real decreto, hoy día en España, son muchos los vertederos cuyo equilibrio ambiental se encuentra en entredicho debido a las grandes cantidades de emisiones acumuladas (lixiviados/biogás) en los vasos de vertido durante años, y cuya gestión se hace cada vez más deficitaria económica y técnicamente. Hay que tener en cuenta que muchos de estos vertederos ya se encontraban operando con la entrada en vigor el R.D. 1481/2001 y son herederos de activos ambientales (acumulación de emisiones) cuya gestión se hace cada vez más deficitaria para los responsables y operadores actuales. Echando un vistazo a los diarios oficiales europeos, es fácil comprobar que todas las grandes operadoras en España tienen algún espacio de vertido que se encuentra en tramitación de denuncias por parte de la Comisión Europea. Con la entrada en vigor del nuevo real decreto de vertederos 646/2020 se vuelve a regular la eliminación de residuos en vertederos, si bien, no se advierten ni resuelven los problemas heredados (activos ambientales) que pudieran existir en los vertederos en explotación y/o sellados. La entrada en vigor de este nuevo decreto determina prescripciones que orientan estos espacios hacia la consecución de los objetivos de economía circular, dando por hecho que se encuentran controlados en cuanto a emisiones y activos ambientales, situación que no siempre se produce. El nuevo real decreto genera un estado de control inicial para la construcción de vertederos de nueva implantación, pero no indica con claridad métricas, ni prescripciones sobre las técnicas y buenas practicas de explotación, lo cual hace entrever un futuro de vertederos, bien construidos, pero cuya explotación es susceptible de generar situaciones de riesgos para el medio ambiente, situación que se reitera desde al año 2001. Al igual que el anterior de 2001, el nuevo real decreto sigue concibiendo el vertedero como una instalación que termina junto con las obras de construcción y no como una instalación dinámica y activa durante su vida útil y que finaliza con el sellado.

Por otro lado, el real decreto 646/2020 sí regula e impulsa el tránsito hacia una economía circular estableciendo el cumplimiento del concepto de jerarquía de residuos, evitando que se depositen los residuos válidos para la reutilización, reciclado o valorización. A pesar de ello, cabe indicar que estos objetivos marcados para las instalaciones de vertido se hacen difíciles de conseguir debido a que la situación actual del resto de las fases de gestión sigue siendo deficitaria frente al porcentaje de residuos que llegan a los vasos de vertido y su elevado porcentaje en materia orgánica.

Las principales modificaciones que recoge el nuevo real decreto son las siguientes:

  • Reforzar la obligación de tratamiento previo de los residuos, especificando el alcance para residuos municipales y los criterios que permitan valorar la eficiencia del tratamiento previo de los mismos.
  • Objetivos de reducción del vertido de residuos municipales que se establecen en la Directiva (UE) 2018/850.
  • Prever la elaboración de una relación de residuos que no se aceptarán en vertedero por tratarse de residuos aptos para el reciclado u otro tipo de valorización.
  • Incorporar la prohibición de diluir o mezclar residuos.
  • Exigir al productor de residuos la obligación de suministrar a la entidad explotadora del vertedero información adecuada sobre los residuos, así como sobre el tratamiento previo a que han sido sometidos.
  • Establecer las normas de cálculo de los objetivos de vertido. Anexo: reglas de cálculo, mecanismos de control de la calidad y trazabilidad de los datos.
  • Fijar adecuadamente el régimen de los costes de vertido, contabilizando la totalidad de los costes directos, indirectos y aquellos que se puedan producir en el dilatado periodo de tiempo postclausura. Dentro de los costes indirectos, se han contabilizado aquellos ligados a la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de los vertederos (anexo específico).
  • Establecer la utilización por parte de las administraciones competentes de los instrumentos económicos para incentivar la aplicación del principio de jerarquía de residuos y la promoción de la economía circular.
  • Eliminar la posibilidad de devoluciones anticipadas de fianzas o garantías financieras con las que hacer frente a los costes de vigilancia y mantenimiento en el periodo postclausura.
  • Reforzar el régimen de las inspecciones periódicas de las instalaciones de vertido por parte de las autoridades competentes. 

A partir del análisis del nuevo real decreto 646/2020 sobre vertederos y en base a la experiencia acumulada, se considera necesario que conjuntamente al cumplimiento de la normativa, se desarrollen documentos técnicos sobre las buenas prácticas disponibles que recoja, para cada vertedero en explotación, la experiencia adquirida en materia de depósito en vertedero en las dos últimas décadas e incorpore los nuevos instrumentos y métricas tendentes a asegurar las operaciones de explotación, eliminando totalmente o minimizando los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y optimizando los costes de explotación para futuros operadores. Esta verificación debe estar justificada mediante la normalización y métrica de datos que identifique y cuantifique la dinámica de la explotación y su riesgo de formación de activos ambientales. Esta normalización debe centrarse en la medición de los parámetros de explotación relacionados con objetivos cuantificables sobre la compactación, la disposición de material de cobertura, el diseño de celda diaria y la composición de residuos. Además, debe contener la necesidad de drenajes en altura de lixiviados y biogás durante la fase de explotación, instalaciones que no quedan aclaradas en la normativa reciente. Estas premisas de buenas prácticas o adecuación del vertedero al real decreto pretenden materializar un conjunto de requisitos técnicos y operativos que regulan el funcionamiento sostenible de los vertederos y no solo su construcción. En esta línea de trabajo, cabe destacar las siguientes prescripciones marcadas en el nuevo real decreto 646/2020 de vertederos: para el pretratamiento de los residuos a disponer en vertederos e inspecciones:

  • Se refuerza la obligación de tratamiento previo de los residuos, especificando el alcance de lo que debe entenderse por tratamiento previo de los residuos municipales, que es cuantitativamente muy relevante. La regulación establece criterios que permitan valorar la eficiencia del tratamiento de los mismos. Para ello, se propone el desarrollo de una métrica basada en parámetros de clasificación, estabilización y madurez de la fracción orgánica de los residuos tratados mediante tratamiento mecánico-biológico. Y se pospone la fijación de los valores límite para estos parámetros a un posterior desarrollo mediante orden ministerial.
  • Se refuerza la inspección como clave para asegurar que las operaciones se realizan de acuerdo con las condiciones de autorización. Para ello, los vertederos deberán someterse a inspecciones periódicas por las autoridades competentes, detallando en un anexo específico el alcance de estas inspecciones y su frecuencia. Este es un punto que se añade a la regulación ya existente sobre la autorización de estas instalaciones, admisión de residuos, control, vigilancia y clausura.